El portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez y el diputado y presidente de la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional, Domingo Segado, han registrado esta mañana una proposición de ley en la que exige que cualquier ley que se presente en el parlamento vaya acompañada de una memoria económica.

Se trata de una iniciativa anunciada ya por el Partido Popular cuyo objetivo, según las palabras del portavoz, Víctor Martínez es que los acuerdos de la Asamblea Regional ganen en rigor y credibilidad. No podemos engañar a los ciudadanos presentando leyes cuyo cumplimiento no está garantizado porque no hay disponibilidad presupuestaria, ha afirmado.

Consideramos que es una medida imprescindible, fundamental y urgente porque los ciudadanos deben tener la garantía de que las leyes tramitadas y aprobadas cuentan con el respaldo presupuestario para su ejecución, ha afirmado el portavoz popular en el parlamento autonómico para quien no es de recibo que de las 47 proposiciones de ley presentadas ninguna venga acompañada de un informe económico, salvo una a la que se acompañó un folio justificativo.

Para Víctor Martínez , esta forma de tramitar las iniciativas es un fraude y un engaño a los ciudadanos ya que leyes como la del Rosell, la de Emergencia Ciudadana o la de la Radio Televisión de la Región de Murcia tienen un coste económico y nadie aporta datos de dónde van a salir los fondos que permitan su aplicación. Son leyes que llevan el sello de los partidos de la oposición cuya ejecución es imposible porque no hay recursos ni dinero para ponerlas en marcha y por tanto, se engaña a los ciudadanos, ha afirmado.

La proposición de ley registrada por el PP para dar cumplimiento a esta exigencia contiene un artículo único en el que se exige que, al menos las leyes deben incluir “las razones, los fines y objetivos del cambio normativos, así como glosar sus principales innovaciones quedando suficientemente justificada su adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que refiere la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Y añade textualmente que “cuando la iniciativa normativa afecte directa o indirectamente a los gastos e ingresos públicos presentes o futuros, debería ir acompañada de una memoria económica donde se cuantifique y valore sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios constitucionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin los grupos parlamentarios podrán solicitar las informaciones que precisen de los servicios de la Cámara para su elaboración”.

El portavoz popular en la Asamblea regional, ha expresado su confianza en que esta propuesta contará con el respaldo del resto de grupos parlamentarios porque creo que todo debemos estar por la labor de dotar a nuestros acuerdos de la máxima credibilidad y solvencia.