Una actividad económica legítima y necesaria para el interés general porque genera empleo, renta y ayuda a controlar la sobreabundancia de ciertas especies que suponen una amenaza para otras en peligro de extinción, se trata de la caza, según ha señalado el diputado regional del Partido Popular en la Región de Murcia, Jesús Cano, en la moción presentada en la Asamblea Regional solicitando que se reconozca el valor de la misma y de las personas que lo practican.

Jesús Cano ha señalado que la actividad cinegética representa una oferta turística singular por el mundo rural con demanda internacional, contribuye a la creación y el mantenimiento de empleo y frena el despoblamiento rural y por ello, ha manifestado el diputado regional, debe ser reconocida y debemos luchar por defender e impulsar la práctica de la misma por ser interés de todos.

Según ha apuntado Cano, en España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 800.000 licencias anuales, representando esta actividad el 0’3% del PIB español, un gasto de más de 6.475 millones de euros que genera 187.000 empleos.

Además, la caza equilibra aspectos económicos, desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza y en el caso de especies de caza mayor, y hoy en día, es probablemente el único instrumento real disponible para controlar poblaciones ante la ausencia de predadores naturales necesarios para mantener un equilibrio con la capacidad de los ecosistemas, ha resaltado Jesús Cano.

El diputado ‘popular’ ha explicado que aunque la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi todas éstas han aprobado sus propias Leyes de Caza, es necesario un claro y firme compromiso de los diferentes Ministerios que conforman el Gobierno de España que debería quedar materializado en la elaboración de una estrategia común y una apuesta decidida.

Sin embargo, hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que, si de ella dependiera, prohibiría la acción cinegética y los toros, afirmación, que según Cano, ha creado una gran preocupación en el sector cinegético que no entienden como un miembro del Gobierno de España pone contra las cuerdas a un sector que representa el 0,3 por ciento del PIB nacional, genera 187.000 puestos de trabajo manteniendo a miles de familias, al tiempo que contribuye a la conservación y gestión de la fauna, forestal o del patrimonio, entre otros, como una verdadera función social, ha afirmado.

Ante estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular solicita al Gobierno de España que se reconozca el valor de la caza y de las personas que lo practican, y que se establezca un plan de investigación científica que se aplique a la actividad cinegética, con líneas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental.