La comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la UE y Derechos Humanos ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno de España a emprender una reforma del Código Penal “para perseguir de forma más afectiva los delitos por conducción bajos los efectos de las drogas” ha explicado la diputada regional defensora de la moción, María del Carmen Ruíz quien también ha defendido que “se dote a la Policía Local y a la Guardia Civil de herramientas eficaces para salvaguardar la seguridad vial”.

Ruíz ha afirmado que la incorporación de las pruebas de drogas a las habituales de alcoholemia, que regularmente realiza la Guardia Civil de Tráfico, está demostrando “que hay un gran número de conductores que se ponen al volante tras haber ingerido algún tipo de droga”. Y señala que “las sustancias estupefacientes tienen una fuerte huella en la accidentabilidad, sobre todo en los siniestros de mayor gravedad”. En este sentido, ha recordado que “el 43,4 por ciento de los conductores fallecidos en las carreteras el año pasado habían consumido drogas y alcohol, hablamos de 232 personas fallecidas” según datos de la Memoria Anual del Instituto de Toxicología.

La diputada regional del PP pone de manifiesto que “son muy pocas las condenas por esta clase de delitos que acaban por la vía penal, ya que en una inmensa mayoría se tramitan por la vía administrativa lo que produce una sensación de impunidad”. Y ha recordado que en 2017 de las 1.287 personas que dieron positivo en la prueba de drogas en nuestra comunidad autónoma, solo cuatro acabaron con un atestado en vía penal.

“Hay que corregir este ‘déficit’ legal y establecer una serie de criterios objetivos para determinar los signos externos asociados a cada sustancia estupefaciente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan las máximas garantías para perseguir estas conductas que se llevan por delante muchas vidas en la carretera”, ha afirmado Ruíz Jódar para recordar que no “existe una tasa objetiva para determinar y clasificar esta clase de delitos”, como ocurre con las pruebas de alcoholemia.

La parlamentaria autonómica demanda también en la iniciativa al Gobierno regional que establezca una colaboración con los ayuntamientos de la Región con el fin de “dotar a los agentes que velan por la seguridad vial de los medios necesarios para detectar la presencia de estupefacientes en los conductores”.