El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España el refuerzo de la plantilla de la Dirección General de Tráfico (DGT). Más en concreto, “el aumento del personal administrativo y de examinadores de la prueba práctica del permiso de conducción de la DGT en la Región de Murcia”.

Isabel Mª. Sánchez, defensora de la iniciativa, ha afirmado que “la falta de previsión de la DGT está ocasionando un gran daño a miles de personas que requieren el permiso de conducir para acceder al mercado laboral, sobre todo en el ámbito del transporte, además de para numerosas plazas de oposición y otros puestos de trabajo que están supeditados a la posesión de algún tipo de licencia de conducción”.

Sánchez también se ha referido en ese sentido a “las nuevas pérdidas económicas que se causará a un sector ya de por sí muy dañado por los efectos del Covid-19, por lo que es urgente tomar medidas especiales que remedien esta situación”.

“Tras los meses de estado de alarma, en los que la actividad de las autoescuelas fue suspendida, con el regreso a la ‘nueva normalidad’ también volvieron las clases y los exámenes para la obtención del carné de conducir”, ha explicado la diputada “popular”, para señalar a continuación que “lo que iba a suponer un alivio para tantos trabajadores de la Región que se dedican a esta actividad, así como para los alumnos que esperan desde hace meses conseguir el permiso de conducción, se ha convertido en una desilusión a la vista de la caótica gestión del Gobierno central en seguridad vial a través de la Dirección General de Tráfico (DGT)”.

“En España, más de 300.000 alumnos no han podido presentarse todavía a la prueba de circulación, cifra ésta que aumenta semana tras semana y provoca un colapso en los exámenes que pone en peligro la subsistencia de las autoescuelas”, ha destacado Sánchez, que además ha detallado que “solo en la zona que comprenden los municipios del campo de Cartagena, unas 3.000 personas deberán seguir esperando para lograr su objetivo, ya que únicamente hay cinco examinadores para esta área, a lo que hay que sumar que todos ellos se irán de vacaciones de forma escalonada entre los meses de julio y septiembre”.

“No debemos olvidar que, de cara al verano, cuando los estudiantes están de vacaciones, el trabajo aumenta para las autoescuelas y los examinadores y, sin embargo, apenas se pueden llevar a los exámenes a la tercera o cuarta parte de los alumnos, algo, a nuestro juicio, del todo ilegal”, ha señalado la parlamentaria autonómica, para afirmar a continuación que “la fijación de cupos de aspirantes por autoescuela del nuevo programa de gestión vulnera los principios elementales de seguridad jurídica en materia de libertad de empresa y de mercado, ya que limita la actividad profesional, tal y como además ha sido declarado por sendas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional”.

Sánchez ha manifestado que “la falta de examinadores y de personal administrativo en las Jefaturas de Tráfico era una situación que ya tenía en vilo tanto a alumnos como a profesores desde mucho antes de la pandemia, un asunto que desde las asociaciones de autoescuelas han venido denunciando de forma reiterada, pero ante el que solo han obtenido del Gobierno central el silencio por respuesta, algo de todo punto incomprensible e inaceptable”.

“Nadie puede entender que la DGT, que tiene entre sus principales fuentes de financiación las tasas que pagan los alumnos de las autoescuelas, perjudique y maltrate a éstas y a quienes prestan sus servicios”, ha concluido Isabel Mª. Sánchez.