“La Ley de Atención Temprana es otro hito social del Gobierno de Fernando López Miras”. Son palabras de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Maruja Pelegrín, tras el debate y la votación en la Asamblea de la toma en consideración de la Proposición de Ley conjunta de PP y Cs que regula la intervención integral de la atención temprana en la Región de Murcia, que ha sido aprobada con el voto en contra de Podemos. 

“El presidente López Miras ha subrayado recientemente que el objetivo  principal del Gobierno regional son las personas, en especial las más vulnerables”, ha recordado Pelegrín, para afirmar a continuación que “como continuidad a estas palabras, debemos poner en valor y reconocer la valentía, el esfuerzo y el compromiso de un grupo de padres y madres, que a través de asociaciones como Astus, Astrapace, o Assido, y con apoyo de las administraciones, han venido desempeñando, desde finales de los 70 y principios de los 80, una pionera labor encomiable de atención a menores con discapacidad”. 

La diputada ‘popular’ ha resaltado que “esta agitada legislatura, azotada por la pandemia, será recordada, además de por la buena gestión del Gobierno regional en los ámbitos social y sanitario, por hitos sociales como la Ley de Servicios Sociales recientemente aprobada, y ahora esta Ley de Atención Temprana que la Asamblea toma en consideración”. 

Al hilo, Pelegrín ha destacado que “la gratuidad que garantiza esta Ley evitará situaciones de desventaja en un servicio vital para menores de entre 0 y 6 años y sus familias”. 

Tras señalar que esta Ley de Atención Primaria “tiene entre sus principios rectores el interés superior del menor”, la parlamentaria autonómica ha explicado además que “establece la coordinación en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, así como el procedimiento de valoración de la necesidad y la prestación de la Atención Primaria, con criterios uniformes para toda la Región”, con el objetivo, ha resaltado, de “favorecer el desarrollo y la máxima autonomía de los menores, es decir, la calidad de vida del menor y su familia, garantizando la atención individualizada”. 

“Esta Proposición de Ley es fruto de seis años de trabajo y de escuchar a la sociedad civil, lo que ha hecho posible la incorporación de propuestas y demandas de asociaciones y entidades del sector”, ha apuntado Pelegrín, que ha concluido afirmando que “el trámite parlamentario al que se somete ahora dará lugar a una mayor participación y transparencia, por lo que esperamos contar con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios en la consecución de un objetivo que compartimos todos”.