La Asamblea Regional ha aprobado durante la sesión plenaria, con el voto en contra del Partido Socialista de la Región de Murcia, una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que da un “ultimátum a Pedro Sánchez para poner fin a la huelga que tiene colapsada la justicia”. Este parón ha provocado el suspenso de alrededor de 250.000 juicios y vistas, más de 350.000 demandas pendientes de reparto y que casi 1.000 millones de euros se encuentran bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados. Concretamente, en la Región de Murcia se han paralizado 10.657 actuaciones judiciales. 

Desde el 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia están en huelga y “el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Justicia, responsable último de esta situación, debe garantizar el buen funcionamiento de la justicia y el derecho que tienen los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas”, ha denunciado la diputada regional Miriam Guardiola. 

 
Guardiola ha recordado que “la Región es una de las cuatro comunidades autónomas más afectadas de España, con un retraso en el reparto de las notificaciones de hasta un 73%” y ha continuado diciendo que “el único que sale perdiendo aquí es el ciudadano, ya que se está vulnerando el derecho fundamental a un juicio justo y a un proceso sin dilaciones indebidas”. 

“El Gobierno de Sánchez debe garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia de este país, pero no les importa la justicia”, ha señalado la ‘popular’, para añadir que “votaron en contra de un Pacto por la justicia, se jactan que la Fiscalía depende de ellos, atacan a los jueces si la sentencia no les conviene, los acusan e insultan de ser machistas, señalan a jueces y fiscales y, también, usurpan competencias del poder judicial”. 

Al hilo, ha asegurado que “al único que ha beneficiado la justicia en todo este tiempo que dura la huelga es al delegado de Sánchez en la Región y secretario general del PSRM, José Vélez”, que el día 27 de febrero tenía una cita en el juzgado y que “gracias a la huelga de los letrados no ha tenido que declarar por un presunto delito de malversación y prevaricación en el caso de la Plaza de toros de Calasparra y se ha ahorrado la foto del paseilllo al juzgado”.