La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PSOE y Podemos, una moción del Partido Popular para pedir al Gobierno central una prueba de acceso a la Universidad con “criterios más uniformes” y que garantice “igualdad de oportunidades para los jóvenes”. 

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Albaladejo ha denunciado que “no es serio que cada comunidad autónoma pueda poner un nivel de exigencia, un temario y un número de preguntas diferentes para acceder a la Universidad”.

“Cerca de 300.000 estudiantes se enfrentan cada año a una prueba que, por su configuración, es injusta”, ha señalado el diputado. “Además, genera una grave distorsión del sistema al romper criterios tan fundamentales como la equidad y la eficiencia, frente a las ventajas que otorgaría una única prueba o con criterios lo más unificados posibles; y que ya de paso, podría servir de análisis del sistema educativo”. 

Albaladejo ha criticado que “el modelo planteado por el Ministerio tras la LOMLOE aún añade mucha más incertidumbre”, ya que, en concreto, “la prueba de madurez competencial que quiere implantar es subjetiva y disminuye exigencia en cuanto al contenido”. 

El parlamentario autonómico ha pedido “el máximo consenso por parte de las comunidades autónomas y las universidades y la comunidad educativa, un consenso que si no se ha producido es por la improvisación y falta de voluntad real de colaboración del Ministerio de Educación”.  

Aprobada por unanimidad la moción del PP sobre Alfabetización digital en el ámbito rural

Por otro lado, la Asamblea Regional ha sacado adelante, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la moción del GPP sobre la Alfabetización digital en el ámbito rural, que solicita programar acciones para adquirir las competencias básicas digitales que posibiliten el acceso a los servicios que hoy prestan tanto la Administración regional como el sector empresarial. Todo ello, en coordinación con las administraciones locales y empresas del sector privado.

Así lo ha defendido el diputado del GPP Víctor Martínez-Carrasco, que ha destacado que “quien dispone de competencias básicas digitales y a su vez tiene acceso a un dispositivo tecnológico, podrá realizar sin complicación cualquier gestión de modo automático”. Mientras tanto, “quien no disponga de esas destrezas deberá desplazarse o depender de otras personas para, en el mejor de los casos, resolver en una mañana lo que otros realizan en pocos minutos”.

La Administración regional está implantando una serie de medidas que posibiliten el acceso a internet de los núcleos rurales y “está haciendo un gran esfuerzo para reducir la brecha digital”, que, “además del beneficio hacia aquellos que pueden adquirir esta destreza, también posibilita grandes oportunidades de negocio”. Pero, ha añadido, “todo el esfuerzo que hace el Gobierno regional no valdrá si el administrado carece de este conocimiento más elemental”.

En muchos municipios con gran población de personas mayores reclaman estos servicios, ya que “sufren las dificultades del desplazamiento para la realizar gestiones que en muchos casos son susceptibles de realizarse por vía telemática” y que, aun disponiendo de conexión a internet, “el desconocimiento en el manejo de plataformas existentes supone un muro para la resolución de sus necesidades”. 

Asimismo, el diputado ha incidido en que “a parte del conocimiento”, también es necesario que el Gobierno central extienda el acceso a la banda ancha a toda la población, “resida esta donde resida”, pues “contribuirá a fijar la población al territorio, potenciará el crecimiento de las empresas y negocios, dotará a los alojamientos rurales de la conexión a internet y abrirá nuevos nichos de negocio como el teletrabajo o el coworking rural”.