El Pleno de la Asamblea Regional ha dado hoy luz verde a la moción del Partido Popular para que el Gobierno de España aplace el alta obligatoria en la Seguridad Social a alumnos de FP y Universidades en prácticas “hasta que los términos legales estén bien claros”.

El texto, defendido por el diputado popular Carlos Albaladejo, aboga por solucionar las trabas y aclarar los términos legales antes de ejecutar una medida que, tal y como está planteada, desincentiva la participación de empresas.

Albaladejo ha criticado que el Ejecutivo central “haya impuesto, de modo unilateral, prematuro, apresurado, y sin la preparación necesaria, la obligatoriedad a las empresas a que den de alta en la Seguridad Social a partir del pasado 1 de enero”. “Y todo ello sin escuchar a nadie”, ha apostillado.

En la misma línea, ha señalado que “la aplicación de la medida está siendo un desastre; en el PP, al igual que las empresas, los centros educativos y las comunidades autónomas, estamos a favor de que se dé de alta a los alumnos en prácticas, pero pedimos que se haga bien y de forma rigurosa”.

“No han contado con las comunidades”, ha señalado el parlamentario, que ha recordado que “en la Conferencia de Educación, celebrada el pasado 13 de diciembre, en Madrid, 14 comunidades de España, entre las que se encuentra la Región de Murcia, demandaron el aplazamiento de la implantación de la medida hasta que los términos legales que se detectaban estén bien claros”.

“Tampoco han contado con las Universidades”, ha añadido Albaladejo, que, al respecto, ha apuntado que “hace ya un par de meses, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sacó un comunicado en el que expresaba su temor a que el sistema de prácticas colapsara por la falta de instrucciones precisas”. 

La medida perjudica a los alumnos que perciben alguna prestación

El parlamentario también ha alertado que “hay alumnos que reciben algún tipo de prestación, ya sea por desempleo o por jubilación, orfandad o mínimo vital, y la pierden al darlos de alta para hacer las prácticas; o hijos de mutualistas de MUFACE, que pierden sus derechos al darlos de alta”.

“Esta nefasta aplicación de la medida está dejando en absoluta indefensión a las administraciones autonómicas”, ha incidido Albaladejo. “Y, además, está desincentivando la participación de las empresas, piezas fundamentales en el desarrollo de estas enseñanzas, ya que, ante el desconcierto que se está produciendo, muchas de ellas retiran su oferta de prácticas formativas”, ha lamentado.

Además, Albaladejo ha resaltado que “los avances de la FP en la Región de Murcia reflejan claramente la apuesta del Gobierno de Fernando López Miras por la Formación Profesional, gracias a la cual se ha superado en el presente curso escolar la cifra récord de 39.200 plazas, y en el próximo curso se ofertarán 43.500, para alcanzar las 50.000 plazas al acabar la presente legislatura”.

“Todo ello se conseguirá aumentando las partidas económicas, como las del presente ejercicio, que han ascendido en un año casi el 42 % para equipamiento, inversiones, infraestructuras, gastos corrientes y de gestión de FP”, lo que “ha contribuido a que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma donde el porcentaje de titulación está por encima de la media y de las más altas de España”, ha remarcado el parlamentario autonómico.

“Estamos a favor de la medida y siempre que a las empresas no les cueste nada, pero no podemos estar a favor de la manera improvisada como se ha impuesto”, ha concluido Albaladejo.