Mª. Ángeles Román, promotora de la iniciativa, ha pedido al Ejecutivo central que “cumpla sus compromisos con las CCAA y asegure que el 5% de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas sea asumido íntegramente por el Ministerio de Educación”

 

Román ha subrayado que “los alumnos en prácticas, al realizar actividades laborales dentro de empresas o instituciones, adquieren una valiosa experiencia profesional que contribuye a su formación académica y a su inserción en el mercado laboral”. Por eso, ha apuntado, “las prácticas profesionales son un elemento fundamental en la formación de los futuros profesionales”.

 

En ese sentido, la diputada regional ha destacado “la apuesta importante del Gobierno regional por la Formación Profesional, con una cifra récord de 39.200 plazas en este curso, con previsión de alcanzar los 50.000 al final de la legislatura, además de un aumento de casi el 42% de la partida económica” destinada a equipamientos, inversiones o infraestructuras”, Asimismo, “se está en contacto continuo con las empresas para ir ofertando plazas conforme a la demanda empresarial existente”.

 

“La aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto Ley 2/2023 que regula la incorporación de los alumnos en prácticas a la Seguridad Social ha creado malestar en las CCAA y las empresas”, ha señalado Román, ya que “establece que las prácticas de la Seguridad Social están bonificadas en un 95%, teniendo que asumir el coste las administraciones regionales, las Universidades o las propias empresas”.

 

A ese respecto, Román ha recordado que “no obstante, el Ministerio de Educación indicó en diciembre de 2023, en una reunión con las CCAA y los directores generales de la Tesorería General de la Seguridad Social, que asumiría el coste del 5% del alta del coste del alumnado”.

 

“Sin embargo, además del coste del procedimiento de gestión, las CCAA han tenido que adelantar el pago del 5% no bonificado de la Seguridad Social del alumnado de FP en prácticas, dado que el Ministerio no ha transferido esta cantidad a pesar de que se comprometió a hacerlo”, ha lamentado la diputada regional.

 

“No estamos ni mucho menos en contra de que los alumnos en prácticas estén dados de alta en la Seguridad Social”, ha aclarado Román, “sino de la aprobación y nefasta aplicación de un Decreto Ley que deja en una absoluta indefensión a las CCAA y desincentiva a las empresas, muchas de las cuales están empezando a retiras sus ofertas formativas”.

 

“Las empresas necesitan incentivos que les animen a solicitar alumnos en su periodo de formación, por lo que es fundamental un marco legal claro y favorable”, ha concluido la diputada del PP.