El pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde a la moción del grupo Parlamentario Popular que solicita al gobierno de España que emprenda las reformas legales que impidan a los partidos independentistas concurrir a las elecciones municipales, autonómicas y generales, lo ha hecho con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE y Podemos.

“No pueden tener cabida en las instituciones que representan a todos los ciudadanos, quienes persiguen desde el amparo de unas siglas políticas acabar, precisamente, con esas instituciones. Es un ejercicio absolutamente perverso de la acción política que en países como Alemania, Francia y Portugal no cuenta con el reconocimiento constitucional” , ha afirmado Víctor Martínez desde la tribuna parlamentaria en su defensa de la iniciativa donde ha considerado como “tan grave la batasunización de la política catalana como tener diputados en las Cortes Generales, atentando diariamente, de manera formal y deliberada contra la soberanía nacional con la única pretensión de dividir y fragmentar la unidad de nuestro país”.“Nos ha costado mucho llegar a lo que somos como país para que los ‘rufianes’ de turno lo destrocen en unos meses”, ha añadido.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha señalado que la moción responde “a un sentir generalizado” entre los ciudadanos de la Región de Murcia. “En la situación actual ya no cabe la equidistancia”, les ha dicho al resto de portavoces parlamentarios para añadir que “en Cataluña y desde hace ya demasiado tiempo tan solo escuchamos un monólogo xenófobo y supremacista orientado a erosionar y dividir España”. “No se combate con un diálogo de sordos a quien vulnera las leyes, y a quien anima a los ciudadanos a infringirlas. Para eso ya está la Justicia” ha añadido.

Víctor Martínez ha requerido a los partidos representados en la Cámara autonómica “valentía”, “esta iniciativa no persigue una idea, cada uno que piense lo que le de la gana” ha dicho, “lo que perseguimos es la acción delictiva y su plasmación” . El portavoz del PP en la Asamblea ha apelado a “la necesidad de los Estados de defenderse de quienes llevan el chantaje y no la estelada por bandera”.